1. Política de comunicación comercial
El marketing y la comunicación de la empresa no pueden disociarse de la preocupación por la responsabilidad social. La búsqueda de coherencia en lo que respecta a estas acciones es señal de que la empresa desea crear valores para la sociedad y comunicarlos, afirmando una imagen de credibilidad y
confianza. En este sentido, trate de comprobar:
• Si la empresa desarrolla una política formal de comunicación, alineada con sus valores y principios, que abarque todos los materiales de comunicación internos y externos;
• Si estimula la comunicación con clientes y consumidores y esclarece los aspectos innovadores de sus productos y servicios, así como los cuidados necesarios para su uso;
• Si fomenta la cultura de responsabilidad social y la transparencia en la comunicación con consumidores y clientes.
Centre su atención en determinar:
• Si la empresa revisa y actualiza periódicamente sus materiales de comunicación dirigidos a los consumidores y clientes;
• Si la empresa llama la atención de clientes y consumidores acerca de los posibles cambios en las características (composición, calidad, plazos, peso, precio etc.) de sus productos y servicios;
• Si desarrolla políticas formales contra la propaganda abusiva que coloque a niñas, niños, adolescentes, mujeres o grupos minoritarios en situaciones de perjuicio o de riesgo;
• Si la empresa realiza análisis previo de campañas publicitarias para verificar la conformidad de las mismas con sus valores éticos y con la legislación promulgada en defensa del consumidor;• Si la empresa no se vale de la demostración de los defectos o deficiencias de los productos o servicios de la competencia para promover los suyos;
• Si hubo, en los últimos tres años, alguna pieza de comunicación emitida por la empresa, que haya sido retirada de circulación debido a reclamos de clientes, proveedores o de la competencia;
• Si la empresa ya fue multada por no cumplir con los reglamentos referentes a la información y al etiquetado;
• En caso de que los hubiere, el número de procesos administrativos contra la empresa, iniciados por los organismos públicos rectores, en los últimos tres años;
• En caso de que los hubiere, la cantidad de procesos judiciales (civiles y criminales) que involucraron a la empresa, en los últimos tres años.
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